Los abajo firmantes, en nombre de las instituciones, entidades, asociaciones y organizaciones políticas y sociales a las que representamos, ante el acuerdo adoptado por el Congreso de los Diputados el pasado 18 de mayo en relación con los fondos documentales del Archivo General de la Guerra Civil, con sede en Salamanca, declaramos lo siguiente:

1. El Archivo General de la Guerra Civil es un patrimonio de todos los españoles y a su servicio. Desde su actual ubicación en Salamanca puede lograr perfectamente los fines que ha venido cumpliendo durante todo el periodo constitucional; a saber, favorecer la reconciliación y guardar la memoria histórica de un periodo particularmente triste.
   
   
2. El destino del Archivo General de la Guerra Civil es competencia exclusiva del Estado, no pudiendo estar sujeto a arbitrariedades de orden político y mucho menos fomentar nuevos enfrentamientos entre españoles.
   
   
3. Mantener la unidad del Archivo es inexcusable desde el punto de vista técnico, ya que lo contrario supondría un peligrosísimo precedente que podría afectar de manera irreversible a la investigación histórica en general y a la de España en particular.
   
   
4. Cualquier solución al contencioso planteado por determinadas fuerzas políticas de Cataluña y de otros lugares debe basarse en el cumplimiento sin reservas de los tres puntos anteriores, sin perjuicio de que desde el punto de vista técnico puedan darse pronunciamientos sobre casos puntuales.
   
   
5. No son admisibles reclamaciones sobre la base de una “dignidad” supuestamente herida y agraviada, si los que así se manifiestan aceptan que el Archivo está ubicado dentro de su territorio nacional.
   
   
6. Invitamos a todas las organizaciones, entidades, asociaciones y colectivos de Salamanca y Castilla y León a que se adhieran al presente manifiesto.